Espero que esta breve nota motive a quienes conocen del tema de minería, pero no son políticamente activos, a aportar al debate elementos de juicio adicionales, y a quienes son políticamente activos, pero no lo conocen a profundidad, a informarse para, objetivamente, abordar este tema con tanto potencial (positivo y negativo) para Guatemala.
A priori, nadie debería objetar las concesiones a industrias mineras extranjeras en Guatemala. Las opiniones a priori son, dichas de otra forma, prejuicios. Sólo después de una amplia discusión acerca de cómo puede afectarnos este tema, positiva y negativamente, podemos realmente emitir juicios válidos y constructivos.
El tema de la minería a cielo abierto y sus concesiones se ha discutido largamente en el plano político, y ha sido arena para el enfrentamiento de visiones opuestas de lo que debiera hacer el estado con sus recursos, potenciales o reales. Todos los temas hasta ahora tratados han sido importantes: (1) las oportunidades económicas para el estado y las comunidades que surgen de la explotación, y los riesgos de negociaciones deficientes, (2) la conveniencia y los peligros inherentes a la explotación por medio de concesiones, (3) los impactos, ambientales, económicos y culturales que pueden tener las actividades mineras, (4) la validez, ventajas y peligros del derecho de las comunas sobre el uso del subsuelo y (5) las ventajas y desventajas de la atracción de capitales extranjeros.
El artículo 125 de nuestra Constitución es claro al declarar útil y necesaria la explotación técnica y racional de los recursos minerales. Este artículo ha sido uno de los principales argumentos a favor de la explotación, y se ha sugerido que las concesiones son la forma “técnica y racional” de llevarla a cabo. Quisiera detenerme sobre este punto.
COLLAPSE, el más reciente libro del académico Jared Diamond (ganador del Pulitzer por su libro también extraordinario, ARMAS, GERMENES Y ACERO) analiza las razones por las que las sociedades escogen fracasar o triunfar. Diamond dedica parte importante de dos capítulos a la minería a cielo abierto.
No conozco de minería más que lo que leí de Diamond. Sin embargo, aún sin conocer los detalles de los proyectos propuestos para Guatemala, me parece que algunos de los temas abordados por Diamond podrían enriquecer el foro mediático guatemalteco.
El análisis de Diamond puede resumirse como sigue.
Comparada con la industria petrolera y la del carbón, la rentabilidad de la minería de metales es baja y sujeta a fluctuaciones más imprevisibles. De hecho, en muchos casos, si se toman en cuenta los costos de limpieza de la contaminación que genera una industria minera, y si estos costos son absorbidos por la compañía minera, la mayoría de emprendimientos serían inviables y de hecho, la bancarrota es común. La razón principal es que estos costos deben cubrirse durante un tiempo mucho mayor al de la vida productiva de una mina.
En Estados Unidos, una compañía que abre una mina hoy debe por ley comprar una fianza con la que una afianzadora independiente garantiza el pago de los costos de limpieza de la mina, en caso de bancarrota de la compañía minera. Sin embargo, debido a la falta de recursos (tecnológicos y económicos) del estado (y estamos hablando de Estados Unidos, no de Guatemala), la estimación del costo de limpieza de la mina es realizado por la propia compañía minera. En la mayoría de los casos, los costos directos e indirectos de esta limpieza resultan duplicar la estimación sobre la que se calcula la fianza, y en algunos casos es hasta 10 veces mayor. Cuánto mayor es el costo real depende de si la mina provoca lo que se llama drenaje ácido, fenómeno que es muy difícil de predecir y que puede prevalecer por años después del cierre de la mina. En algunas operaciones de cielo abierto con extracción a base de cianuro, la limpieza después del cierre de la mina ha resultado ser hasta 100 veces mayor que la estimada. En otros casos, se puede decir que será necesario tratar el agua que se filtra de la mina para siempre.
¿Quién paga estos costos de limpieza? Idealmente, las propias compañías mineras. Sin embargo, ante la posibilidad de tener que correr con estos costos, frecuentemente los evitan declarándose en bancarrota y trasladando sus activos a otras operaciones. Cuando la bancarrota no es viable, se inician procesos para descartar la responsabilidad de la compañía minera sobre sus impactos ambientales. Cuando estas iniciativas tienen éxito, para la compañía minera, los costos deben ser cubiertos por el estado (es decir los contribuyentes), o, en el peor de los casos (como sucede en países con recursos escasos) no se asumen. Consecuentemente, los problemas ambientales persisten, con sus respectivos impactos negativos para la productividad ulterior de la zona y, por supuesto, con sus terribles costos humanos.
Cito sólo un ejemplo aislado, entre muchos: la mina Summitville, en Colorado, operada por la canadiense Galactic Resources. Luego de una serie de accidentes desafortunados, la compañía se declaró en quiebra, cerró operaciones con una semana de aviso, dejó una factura de impuestos sin pagar y empleos vacantes, cesó su plan de mantenimiento ambiental y abandonó la mina. La fianza requerida para emitir el permiso de operación había sido por US$4.5 millones, pero tras estos eventos se calculó el costo de limpieza del sitio en US$180 millones. A través del convenio de bancarrota el estado logró recuperar US$28 millones, dejándo a los contribuyentes una factura de US$147.5 millones.
Actualmente, se estima que los contribuyentes de Estados Unidos acarrean un pasivo de unos US$12 billones para limpiar y restaurar sus minas. No se necesita mucho para transformar mentalmente este pasivo en un subsidio con que los contribuyentes mantienen la industria minera en Estados Unidos.